El SNTE, batidero político, Se reparten grupos electoreros sindicato; Alberto Martínez y Rogelio Gudiño, nuevos líderes:ZETA

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Cerca de 38 mil agremiados del SNTE en las secciones 2 y 37 tienen desde la semana anterior nuevos dirigentes en un proceso alejado de la democracia y caracterizado por el jaloneo interno por los lugares claves, todo en afán del control de los sindicatos magisteriales, los más poderosos de la región. Se jugó también el control sobre la fuerza magisterial para las elecciones estatales en 2012.

Sergio Haro Cordero

El gremio magisterial se ha convertido –con el aval gubernamental, antes del PRI, ahora del PAN– en un botín político y económico donde el último interés tiene que ver con la educación.

Control de plazas, prebendas, préstamos, manejo de fondos –de ahorro, de retiro, de beneficios, funerarios– y aviadurías son apenas la punta de un inmenso iceberg. En el fondo están los proyectos políticos, sobre todo los relacionados con el Partido Nueva Alianza y las elecciones presidenciales de 2012 y más aún las estatales en Baja California en 2013.

En ese marco se efectuó el relevo en las dirigencias de las secciones 37 y 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que encabeza la líder vitalicia y ex priísta Elba Esther Gordillo.

En los dos congresos magisteriales el desenlace tuvo similitudes: De una larga lista de aspirantes, la presión de los grupos y la inconformidad de unos y otros fue llevando el resultado hacia un “tercero en discordia”, en ambos casos personajes muy ligados a los dos diputados locales por el Panal y ahora ex dirigentes sindicales Arcelia Galarza y Gregorio Carranza.

En la sección 2, después de un fuerte jaloneo con el grupo opositor –un remanente de lo que fue la llamada Resistencia contra la reforma a la Ley del Issste– con los que se llegó a una serie de acuerdos de integración, se ungió como nuevo líder a Rogelio Gudiño Valenzuela, abogado que defendió la causa electoral de Arcelia Galarza en la elección 2010 y que se integró a la actual Legislatura como Secretario Técnico. En el 2007 fue candidato perdedor a diputado por el Panal en el distrito XIII de Tijuana.

Mientras en la Sección 37 Gregorio Carranza –parte de un grupo que realmente encabeza el ex senador y ahora nuevamente diputado del Panal Roberto Pérez de Alva– se trató de imponer a su secretario particular Ernesto Leyva (al que denunciaron de haber ingresado a toda su familia a la nómina magisterial) y lo rechazaron, se unieron en contra dos bloques de sus rivales, Maria Luisa Gutiérrez y Marisa Romero. Entonces cambió la propuesta de Carranza por una maestra de Tijuana, Susana Rangel y le fue peor, por lo que el ganón terminó siendo otro de sus secretarios, Alberto Martínez, a quien ni siquiera se había mencionado como aspirante y quien protestó como nuevo dirigente después de un Congreso ininterrumpido que se extendió casi tres días.

Detrás de los cambios –sobre todo en la sección 37– aparece la figura del ex senador y ex diputado federal Roberto Pérez de Alva Blanco, el principal operador político de Elba Esther Gordillo en la entidad y a quien se le menciona como aspirante a la presidencia municipal de Mexicali ante una posible alianza del Panal, ahora con el PRI, en el 2013.

De acuerdo al Secretario de Educación en la entidad, Javier Santillán Pérez, en Baja California hay cerca de 40 mil trabajadores de la educación y asegura que son apenas alrededor de 400 los comisionados sindicalmente –aunque en los congresos sumaron más de 700 delegados–, pero el funcionario aclara que no todos los delegados son comisionados. A nivel nacional trascendió que hay más de 65 mil maestros comisionados, la mayoría ahora con una nueva figura, Asesor Técnico Pedagógico, los famosos ATP.

Tan sólo de cuotas sindicales ingresan a las arcas de ambos sindicatos más de cuatro millones de pesos que pocas veces se sabe exactamente en qué se gastan.

Un pastelote

El martes 8 de febrero el Gobernador del Estado José Guadalupe Osuna inauguró en Mexicali los trabajos de los dos Congresos seccionales de las secciones 2 y 37 del SNTE –un mes antes se habían emitido las dos convocatorias– y del Teatro del Estado los más de 400 delegados del SNTE II se trasladaron hasta el puerto de San Felipe, al Dorado Ranch, que fue resguardado por agentes municipales en toda la periferia.

Originalmente habían surgido trece aspirantes –les llamaron Los Apóstoles– pero finalmente el número disminuyó a media docena, entre éstos punteaban Alejandro Armenta, Rigoberto Ramírez, Ovidio Gil, Lourdes Juárez, Jesús Ramírez y Rogelio Gudiño.

“Ellos manejan un lenguaje, y me parece muy adecuado a como se trabaja en este tipo de campañas –ironiza Ignacio Gastélum del movimiento de resistencia– les llaman canicas a los votos, cuántas tienes, cuántas necesitas, cuántas compras”

De acuerdo a diversas versiones, Rigoberto Ramírez, quien era uno de los principales aspirantes, buscó cooptar a los delegados que pertenecieron al movimiento de resistencia, sobre todo a los de la zona costa. Al primero que buscó fue a Antonio Pacheco y su grupo con quien encabezó una gira desde Tecate hasta San Quintín antes del Congreso.

Buscaban asegurar el triunfo pero además controlar a esa parte de la disidencia, la única en la sección magisterial.

Pero ya en el congreso los dos bloques mas fuertes fueron los de Rigoberto Ramírez y el de Ovidio Gil. Eso implicó una fuerte negociación que se extendió por varias horas hasta que ya de madrugada emergió el nombre de Rogelio Gudiño, quien logró establecer varias alianzas y ungirse dirigente. Eso implicó que cerca de 19 maestros que ya estaban en el comité seccional se quedaran en sus puestos y se integraran 36 nuevos. Una de las versiones apunta a que Gudiño surgió como un tercero en discordia, pero tuvo que negociar con los otros grupos para finalmente salir triunfador, en una negociación que se fue relativamente rápida y la mañana del jueves 10 ya estaba tomando protesta.

En la 37, final inesperado

En el caso de la sección 37 –lo que eran los maestros estatales– los 287 delegados se trasladaron desde la tarde de ese martes a las instalaciones del Hotel Araiza en Mexicali. Los dos aspirantes más fuertes eran mujeres, María Luisa Gutiérrez Santoyo, quien estaba al frente del Fondo Mutualista y Marisa Romero, encargada del área de finanzas. Un tercero en discordia lo era Alfonso López Chávez, quien originalmente contaba con el apoyo de Gregorio Carranza y Roberto Pérez de Alva, pero fue el primero en “tronar”. Alberto Martínez ni siquiera figuraba en esa primera lista.

Detrás de la sucesión estaba Roberto Pérez de Alva, dirigente de la sección 37 a mediados de los 90, pero luego encumbrado como diputado local, federal, senador y hoy nuevamente diputado federal, además de Coordinador Nacional Ejecutivo de Políticas Electorales del Partido Nueva Alianza. Es el bajacaliforniano más allegado a Elba Ester Gordillo, la líder vitalicia y formalmente Presidenta Nacional del SNTE.

El siguiente en la lista apoyado por el dúo Carranza-Pérez de Alva era Ernesto Leyva Alcaraz, muy cercano a Carranza pero ha quien ha sido secretario privado de Pérez de Alva y señalado por el evidente nepotismo al haber integrado a toda su familia a la nómina magisterial (ZETA 1912 25 nov. 2010). Leyva aparecía en el portal del SNTE 30 como Encargado de Vinculación Social y Organizaciones Adherentes.

Por separado ninguno de los aspirantes lograba mayoría, pero ante la mención de Leyva los grupos de las dos mujeres –María Luisa y Marisa– se unieron y surgió la duda de si podían ganarle a la propuesta de la cúpula.

Ante la insistencia de Carranza y Pérez de Alva la situación se polarizó, entonces surgió la propuesta de Susana Rangel, de Tijuana –a quien ubican sin liderazgo pero sumamente cercana a Carranza–. Para esto ya era jueves por la tarde y los trabajos se habían trasladado al Salón Romano, ubicado muy cerca del hotel Araiza.

Una versión anota que las dos mujeres primeramente sí habían aceptado a Rangel encabezando la planilla, pero notaron que en la misma iba Ernesto Leyva y respingaron, uniéndoseles López Chávez, “reventando” el Congreso por la falta de acuerdos y se declaró un receso.

La propuesta de las enojadas mujeres era ir planilla contra planilla y que se votara, pero la cúpula sindical ya se había movido nuevamente al lobby del Araiza, por lo que en Salón Romano su gente se atrincheró para no permitir la votación. Los ánimos estaban muy caldeados y Pérez de Alva presionaba telefónicamente a través de Manuel Ramírez y Ernesto Leyva.

Así llegó la madrugada del viernes y al lugar llegó uno de los principales operadores de Elba Esther Gordillo, Juan Díaz de la Torre, quien se reunió con Marisa, María Luisa, López Chávez y Gregorio Carranza, pero integró a Alberto Martínez, quien así apareció en la pelea por la dirigencia.

Cerca de las 4 de la mañana surgió el acuerdo, con Alberto Martínez como Secretario General, y se repartieron puestos, María Luisa Gutiérrez a Finanzas y Marisa Romero al Fondo Mutualista, que primeramente fueron aceptados. Pero a los minutos las dos mujeres se regresan al darse cuenta de que Ernesto Leyva va en la propuesta para encabezar el Fondo de Defunciones. Lo quieren completamente fuera por su fama pública de transa y déspota. Finalmente destrabaron la ruta al designar a Leyva como encargado de Organización en el Valle de Mexicali, y el camino se allanó para que Alberto Martínez tomara la protesta, ya en la mañana del viernes.

Uno de los planteamientos que manejaron algunos de los presentes fue la férrea pelea de Pérez de Alva por mantener el liderazgo de la sección 37 en gente del Valle de Mexicali –de ahí viene Carranza, Leyva, Martínez y el mismo ex senador– por su liga con el Partido Nueva Alianza y su evidente aspiración a la Alcaldía de Mexicali en el 2013 y el papel que han jugado el SNTE en el terreno electoral.

“Háganoslo saber”

“No se concibe ninguna reforma en el sistema educativo, ningún avance sin la participación del sindicato. La mejora del proceso educativo debe estar incluida en la agenda de los dos nuevos secretarios generales”, sostiene el secretario de educación en la entidad, Javier Santillán Pérez, quien afirma que cada sección tiene alrededor de 60 maestros comisionados, más una treintena para el SETE.

En el caso de los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) dice que son los que implementan las estrategias didácticas de la reforma educativa, que tienen que ser seleccionados de los mejores niveles en currículo y perfil y que no son plazas sino comisiones.

“Si hay estas personas que no tengan el perfil, háganoslo saber. El sistema educativo es tan extenso para controlarlo, háganoslo saber y si corroboramos que no reúne el perfil, lo regresamos a grupo o lo capacitamos”, comenta el funcionario educativo.

Sobre las transas denunciadas en cuanto a la asignación de plazas, Santillán asegura que éstas ahora se concursan, que se ha avanzado en la transparencia y que ingresan los mejores profesores al servicio, ya que se publican los resultados y éstos deben empatar con las plazas disponibles en estricto orden de prelación.

“Ahí no hay resquicio, en los dos últimos años puedo garantizar que los profesores de plazas nuevas son profesores que han pasado por el proceso de asignación, es un proceso público”.

Aun así el funcionario asegura que en el terreno de la transparencia falta mucho camino por avanzar y pone el ejemplo de la asignación de directores.

En el caso de la larga lista de espera para jubilarse de la Sección 37 del SNTE –hay cerca de 600– Santillán sostiene que se ha acumulado un rezago debido a que en esta área la jubilación es dinámica (los aumentos se otorgan pese a estar retirados), lo que significa para el estado una carga extraordinaria que depende de la disponibilidad presupuestal.

Aún así comenta que en estos tres años de la actual administración el rezago se ha abatido a la mitad.

En el caso de la Sección 2 es diferente, pues al no haber jubilación dinámica muchos maestros en posibilidad de jubilarse siguen trabajando y fácilmente llegan a 35 años de servicio.

Sobre el relevo en las secciones, el secretario de educación se muestra cauto, considera que sí fue un proceso democrático –“por lo que he leído en la prensa”–, sin impugnaciones.

—Pero la falta de impugnaciones puede ser por el marcado control que existe, se le comenta, y el funcionario educativo responde: “Yo estoy ajeno a la política sindical y soy respetuoso”.

Sobre el compromiso que se espera de los nuevos liderazgos expresa: “Por la trayectoria de los dos nuevos dirigentes que son profesores con una gran trayectoria en el proceso educativo creemos que van a establecer una agenda que no sólo privilegie las condiciones laborales sino además el servicio educativo (…) para seguir en la ruta de la Alianza por la Calidad en la Educación y para establecer estrategias que permitan a corto, mediano y largo plazo dar mejores resultados”.

No solapar

En el caso de la Sección 2 –explica Rogelio Gudiño desde la Ciudad de México– se estableció una estrategia para dividir las carteras en dos partes con un primer bloque que incluyó las secretarías de conflictos, las coordinaciones regionales y las coordinaciones de los municipios, así definiendo las primeras 31 carteras. En los otros 21 espacios participaron gente del anterior comité y las otras carteras fueron seleccionadas de acuerdo a propuestas de los diferentes liderazgos.

Ya distribuidas las carteras la última parte fue la elección del Secretario General.

“La organización es trascendente en la vida de la nación y requiere que quien la represente tenga una visión clara hacia dónde va la organización, cuál es la expectativa que tenemos y el embate que tenemos de los diversos grupos o sectores de la sociedad que en los últimos años nos han estado empujando en contra”, expone Rogelio Gudiño vía telefónica desde la Ciudad de México.

Sobre el pintar la raya con las acciones del Partido Nueva Alianza, Gudiño considera que se trata de dos planos diferentes, por un lado la defensa de los derechos de los trabajadores y por el otro la libertad que se tiene de participar en organizaciones políticas.

De las reformas a la Ley del Issste implementadas hace tres años, el nuevo dirigente de la sección 2 del SNTE opina:

“La reforma presuponía mejores ingresos, mejores recursos para el Issste y esto traería como beneficio mejor servicio, abastecimiento al 100 por ciento, mejor calidad en el servicio. Lo que hemos encontrado es que no se tiene los recursos suficientes que satisfagan las expectativas que tuvimos cuando se dio la reforma”.

Por el lado de las pensiones el dirigente magisterial considera que no se ha tenido “una problemática seria” ya que el 80 por ciento de los trabajadores se quedó en el Artículo X transitorio, que es el sistema solidario (como estaba en la anterior Ley) y sólo el 20 por ciento escogió cuentas individuales.

De los constantes señalamientos de corrupción en la entrega de plazas, las transas y el amiguismo, Gudiño considera que la solución es transparentar los procesos, como el concurso de plazas que ya está incluido en la Alianza para la Calidad Educativa.

Acerca de los comisionados como Asesores Técnico Pedagógicos, Gudiño dice que los comisionados a la sección están plenamente identificados pero tocaría a la autoridad el definir cuántos tiene en actividades administrativas o “por otro lado”.

“Si hay algunos que estén comisionados por otro lado, queremos saber quiénes son y dónde están, porque nuestros no son y no vamos a cargar con penas ajenas o con culpas ajenas”.

De los llamados “aviadores” Gudiño asegura que no se va a solapar “nada que esté alejado de derecho”. El nuevo dirigente afirma que el compromiso es elevar la calidad educativa, los maestros cumpliendo con su trabajo y la autoridad con programas donde involucren también a los padres de familia.

En torno a las críticas de que el sindicato sirve para proteger la indolencia magisterial, Rogelio Gudiño asegura que no se va a solapar a nadie: “Estamos para defenderlos cuando la razón y el derecho nos asistan. Si alguien incurre en una ilegalidad el sindicato no los va a solapar”, concluye el nuevo líder de cerca de 18 mil maestros.

“Tanto en la sección 2 como la 37 hay mucha gente que tiene más de 20 años en el sindicato y siguen ahí. El licenciado Olachea –un ejemplo– se jubiló con 30 años de servicio, nunca pisó un salón de clase y de eso presume. El que ganó en la 37 tiene 22 años en el sindicato, era conserje, lo hicieron profe a fuerzas, sin haber pisado un salón de clases”: Margarita Quiroz e Ignacio Gastélum del movimiento de Resistencia del SNTE.

ZETA > Reportajez

DERROCHE DE LOS RECURSOS PUBLICOS

         Me pareció interesante la entrevista que realizan los reporteros del semanario ZETA al general de división D.E.M. Retirado. Sergio Aponte Polito, por mucho un hombre que marcó un precedente en nuestro estado, ya que puso en evidencia a los funcionarios bajacalifornianos por su  mal desempeño y  que nos representaban, entre ellos al gobernador actual, todos derrochadores de dinero ajeno, nos preguntamos, donde estan los recursos para pagar los mas de 1,500 interinos sin sueldo, plazas, y demás desde hace mas de 4 años, donde están?.

Vea usted, el siguiente reportaje.

Enojo, molestia o inconformidad, son algunas de las reacciones que los mexicanos sentimos cuando nos damos cuenta del derroche de los recursos públicos que hacen la mayoría de los funcionarios que desempeñan un cargo dentro del gobierno federal, estatal o municipal, quienes no conformes con los elevados sueldos y otras compensaciones que reciben,  recurren al erario nacional para obtener un beneficio económico y seguir disfrutando de privilegios; como se comprueba con los siguientes ejemplos:       

Primero, muchos mexicanos nos enteramos a través de la televisión de los gastos elevados  que hicieron algunos diputados federales cuando fueron a un país europeo para participar en un evento oficial, el cual ya había sido suspendido, pero a pesar de esta suspensión decidieron continuar el viaje y emplearon recursos públicos para pagar los servicios de  transporte, hospedaje, alimentación y distracciones diversas.

Segundo, cada año la mayoría de los gobernantes derrochan numerosos recursos públicos para pagar la propaganda que se difunde en medios de comunicación, a fin de promocionar  algunas obras realizadas en sus respectivos gobiernos con el propósito de mejorar su imagen ante la opinión pública nacional, pero en sus respectivas jurisdicciones la  ciudadanía ya conoce qué tipo de funcionarios son los que despilfarran el presupuesto que debería ser empleado para obras sociales que mejoraran las condiciones de vida de las  clases más necesitadas de la sociedad.

Tercero, recientemente en el  municipio de Cadereyta, Querétaro, los integrantes del cabildo, sin ninguna justificación se aumentaron sus sueldos, utilizando un millón de pesos del presupuesto que ya estaba autorizado para obras sociales, afectando negativamente a toda la sociedad de Cadereyta.

Cuarto, en este mismo municipio, el presidente del ayuntamiento Antonio Pérez Barrera, renunció al Partido Acción Nacional, pero los dirigentes estatales de ese partido, encabezados por Ricardo Anaya Cortés, dieron a conocer a través de un comunicado que el presidente municipal de Cadereyta fue acusado de actos de corrupción, por lo cual se inició un procedimiento legal en su contra por presuntos actos delictivos, los cuales serán denunciados a las autoridades competentes para que procedan conforme a derecho.

Quinto, el periodista Antonio Magaña, que radica en Mexicali y escribe la columna “Punto Norte” en el periódico “La Crónica”, ha estado informando de diversas “irregularidades” cometidas en la reconstrucción de las carreteras del Valle de Mexicali, las cuales fueron destruidas por el terremoto del 4 de abril de 2010, mencionando que cientos de metros de carpeta asfáltica, del ejido Oaxaca al Nuevo León, se detallaron mal. Que a la empresa SUMA, propiedad de un pariente del ex presidente municipal de Mexicali Rodolfo Valdez Gutiérrez, le pagaron 26 millones 571 mil pesos por esa obra, la cual tiene una enorme capa de asfalto sobre la vieja carpeta que está agrietada y llena de lodo. Que por dedazo le entregaron el “tramo más largo de todos” a la empresa Infraobras, propiedad de los ex secretarios de la Sidue, Arturo Espinoza Jaramillo y Víctor  Hermosillo Celada. Que el secretario de Sidue, Luis Ignacio López Moctezuma y Torres Landa, les entregó como anticipo a los ex secretarios, sus amigos, sus cómplices, sus socios, más de 23 millones de pesos, la mitad de los fondos del Fonden.
El periodista Antonio Magaña continúa describiendo más anomalías cometidas y finaliza mencionando que el comunicado de prensa 005 difundido por el  Gobierno del Estado, es histórico porque en él se plasman las medias verdades, las mentiras, la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el agandalle de los dos ex secretarios de la Sidue.

Sexto, el mismo periodista menciona en otra de sus columnas las irregularidades que se cometieron en el gobierno del ex presidente municipal de Mexicali Rodolfo Valdez Gutiérrez, con motivo de la licitación del relleno sanitario, ya que el gobierno municipal  pagaba 25 millones de pesos por el confinamiento y disposición final de los residuos, pero con la licitación del ex presidente municipal Rodolfo Valdez, ahora se pagan millones de pesos mensuales. 

Séptimo, el actual presidente municipal de Mexicali Francisco José Pérez-Tejeda Padilla y el tesorero municipal Francisco Javier Fimbres Gallegos, dieron a conocer a través de diversos medios de comunicación, la denuncia que presentarán ante las autoridades correspondientes por algunas irregularidades que originaron un déficit de aproximadamente 340 millones de pesos. Estas irregularidades fueron cometidas en el gobierno del ex presidente municipal Rodolfo Valdez Gutiérrez.

Octavo, al iniciar el presente año, se publicó una información sorprendente en el periódico “La  Crónica”, en la cual el periodista Gerardo Fragoso, menciona que el gobierno del  Licenciado José Guadalupe Osuna Millán comprará un mínimo de 354 mil 724 cajetillas de cigarros para los reos que se encuentran en los penales de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y el del Hongo, de conformidad con una licitación de la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado. El mismo periodista cita una declaración del gobernador Osuna Millán: “prefiero que los reos fumen tabaco en vez de mariguana”. Con esta afirmación se considera que no existe un adecuado control en los penales de Baja California, ya que existe la presunción de que se permite la introducción de marihuana y posiblemente de otras drogas para uso y deleite de los presos. El costo de las cajetillas de cigarros es de más de 7 millones de pesos.

Una vez más sorprende que la principal autoridad política del estado de Baja California derroche los recursos públicos que están destinados para beneficiar a la sociedad y no para satisfacer los vicios de los reos, que se encuentran privados de su libertad porque de alguna forma cometieron delitos en contra de la sociedad, pero si se trata de beneficiarlos le faltó al gobernador del estado tramitar otra licitación para pagar la introducción a los penales de algunas bebidas embriagantes como el vodka, whisky, coñac o tequila, así como obtener recursos públicos para pagar el servicio de algunas mujeres que se dedican a la vida galante, y de esta forma algunos reos estén más cómodos para cumplir sus condenas y puedan planear mejor sus actos delictivos.

Noveno, también se ha publicado información sobre el presupuesto elevado que se destina para pagar diversos eventos, así como los gastos que se hacen para cubrir los servicios de cafetería, teléfonos, transportes, combustibles y lubricantes, entre otros. 

Décimo, este derroche del dinero público me recordó la lectura de un artículo periodístico muy bien fundamentado, el cual fue escrito por el periodista Francisco Sandoval Alarcón, y publicado en el Semanario ZETA en el número 1815, de la semana comprendida del 9 al 15 de enero de 2009, en las páginas 24, 25 y 26-A, con el encabezado siguiente: Aprovechan funcionaros el presupuesto para darse “la gran vida” en hoteles y restaurantes de lujo. Gastan a manos llenas.

En el citado artículo se menciona lo siguiente:    

498 mil pesos gastó el gobernador en un año, nada más en pago de viáticos y gastos de representación.

Óscar Vega Marín, el Secretario de Educación, quien actualmente es Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, cargó al erario 7 mil 500 pesos por una comida que sostuvo con funcionarios de la COFETEL, en un restaurante de comida japonesa. Además no ha comprobado gastos por 204 mil pesos.

De 202 mil pesos gastados por el Secretario de Salud, únicamente comprobó 99 mil.

Óscar Escobedo, el Secretario de Turismo, no facturó ninguno de los 178 mil 696 pesos que se gastó en viáticos y gastos de representación.

Más de diez mil pesos pagó el Secretario de Gobierno, José Francisco Blake Mora, quien actualmente se desempeña como Secretario de Gobernación, por hospedarse él, su secretario privado y su escolta en Ensenada, cuando su casa estaba accesible por carretera. Luego, de viernes a domingo, los tres se hospedaron en un hotel con campo de golf.

El autor del artículo continúa mencionando:

En plena crisis, José Guadalupe Osuna Millán, el Gobernador del Estado, y sus principales colaboradores, cargan al presupuesto oficial comilonas en restaurantes de lujo en la Ciudad de México, se hospedan en hoteles de cinco estrellas y gran turismo. Disfrutan las mieles de vivir del presupuesto. Y no hay quien los detenga.

Tan sólo en un año, 25 funcionarios gastaron dos millones 343 mil 544 pesos por concepto de viáticos y gastos de representación. La suma equivale a 42 mil 765 nuevos salarios mínimos, que en este 2009, en el caso de Baja California, tuvieron un paupérrimo incremento de 2 pesos con 21 centavos.
El artículo de tres páginas continúa mencionando más información y agrega algunos documentos que comprueban los gastos ostentosos que hicieron los funcionarios del gobierno de Baja California, con lo cual se demuestra el derroche de los recursos públicos que debieron ser utilizados para beneficiar a la sociedad de Baja California.     

Las irregularidades cometidas por los principales funcionarios del gobierno del estado de Baja California, vienen a reafirmar la veracidad de la información difundida por el periódico El Universal el día 23 de septiembre de 2010, ya que a través de una encuesta en la que se manejaron temas referentes con: economía, inseguridad, corrupción, obras públicas, programas sociales y educación, en la que calificaron a los gobernadores de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito federal. En esta encuesta el licenciado José Guadalupe Osuna Millán obtuvo una calificación  de 51%,  siendo la más baja de todas las obtenidas por los demás gobernadores, incluso el de Oaxaca, que obtuvo 54% y el de Puebla 56%.

La encuesta de referencia permitió apreciar que la población de Baja California tiene una percepción negativa de la forma de gobernar del Lic. José Guadalupe Osuna Millán, lo cual fue determinante para que su partido perdiera las cinco presidencias que existen en esta entidad federativa y la mayoría en el Congreso del Estado.

Las deficiencias que tiene para gobernar el Lic. Osuna Millán, se demuestra también con el antagonismo que estableció con los integrantes del partido político que ganó todas las elecciones municipales y la mayoría en el congreso, a quienes comparó con unas gallinas que saben cacaraquear el huevo aunque el  huevo esté podrido, o más reciente cuando critica a ese partido de crear en las décadas de los setenta, ochenta y noventa una crisis en el interior del país, y más tarde solicita la participación de todos los sectores de la sociedad para trabajar juntos en bien del Estado de Baja California.

En forma semejante se comporta el licenciado José Francisco Blake Mora, quien fuera el Secretario General de Gobierno y uno de los principales responsables del fracaso de las elecciones realizadas en julio de 2010; actualmente es el  Secretario de Gobernación y recientemente emitió un pronunciamiento sin mencionar al P.R.I., como el causante de la crisis que vive actualmente nuestro país, poco después solicitó la participación de todos los sectores de la sociedad para trabajar en bien de México. ¡Qué contradictorios!

General de División D.E.M. Ret.

Sergio Aponte Polito

El “cochinero” de los maestros. Denuncian nepotismo en la sección 37 del SNTE

Mientras que cientos de maestros titulados no consiguen una plaza, los empleos de base son entregados de manera irregular a parientes y amigos de los dirigentes sindicales del magisterio, con la complicidad de funcionarios del sector educativo. El Comité de Lucha “Por un trato digno al Magisterio” denunció y la Contraloría apenas inició la investigación.
 
Sergio Haro Cordero

ZETA

“Es un verdadero cochinero”, sintetizó un  maestro ascendido a una Inspección Escolar, se refiere al manoteo, el amiguismo, las transas, las irregularidades. A lo que califican como evidente amasiato gobierno-sindicato, para el otorgamiento de plazas docentes y administrativas en el sector educativo.

Situación con la que denigran y entorpecen el Acuerdo por la Modernización Educativa, que incluye la profesionalización de los maestros y autoridades educativas y que “quienes enseñen a nuestros hijos sean seleccionados adecuadamente”.

La realidad denunciada por un grupo de maestros exhibe la corrupción y la respaldan con documentos:

- Jesús Ariel Figueroa, subdirector de Planeación Educativa en el Sistema Educativo Estatal. Tramitó en junio del 2008 una doble plaza en la Inspección XXIII a su esposa Lizzete Márquez Larios, como Asesor Técnico. Conforme a los denunciantes, además se auto entregó una plaza similar, la tomó e inmediatamente tramitó una licencia.

-Gregorio Carranza, diputado y dirigente de la sección 37 del SNTE, entregó a su esposa, Clara Angelina Anguiano, adscrita a la escuela Ignacio Sánchez Campos del Ejido Islas Agrarias como Contralor y con 36 horas oficiales, una segunda plaza como Asesor Técnico Pedagógico –que suma 42 horas– y ni siquiera ha concluido la preparatoria.

-Su hermana María de Jesús Anguiano, obtuvo una plaza como Trabajadora social que suman 25 horas y se traduce en 14 mil 271 pesos mensuales. Y todavía está estudiando el bachillerato. Otro de los cuñados del diputado tiene “comisión sindical”.

“Quieren desestabilizar la vida interna del sindicato”, respondió el actual dirigente y diputado, Gregorio Carranza Hernández en alusión a los señalamientos.

En las cuentas del 2008 del Gobierno del Estado, salieron a relucir cerca de 100 casos de plazas que operan de manera irregular, con tiempos y horarios asignados que se empalman entre sí, pero no hubo mayores avances, investigaciones o sanciones.

Oficialmente, hay alrededor de 421 maestros comisionados, que no trabajan en aula, entre la sección 2, la 37.

Para el director de la Comisión para la Participación Social en Educación (COPASE) Alfredo Postlethwaite, esta pugna tiene que ver con la necesaria transparencia, la rendición de cuentas y la participación social en la educación porque: “…lustros de inercias y de intereses han creado una simbiosis atípica entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

El Contralor del Estado Edgardo Contreras, explicó que apenas tuvo conocimiento de la denuncia sobre irregularidades: “Técnicamente tendríamos que abrir un expediente, un archivo, donde vamos a iniciar la recopilación que corresponde sobre el tema y un intercambio vía documentos con el Secretario de Educación Pública con el propósito de que nos agencie algunos datos mas. Estaríamos iniciando el procedimiento administrativo ya formal más o menos en un mes, fecha en la que tendríamos ya algunos datos más concretos”.

Aclaró que, en caso de corroborarse que las plazas fueron entregadas de manera irregular, la Contraloría del Estado podría invalidar los nombramientos.

Trascendió que Ariel Figueroa, podría ser suspendido administrativamente mientras se realiza la investigación de Contraloría. Respecto al líder sindical no hay menciones.

Además de Carranza y Figueroa, los profesores que se consideran afectados por este trafico de influencias, señalaron a Ernesto Leyva Alcaraz, a quien ubican como Secretario Particular “A” del profesor Carranza, en el portal del SNTE aparece como encargado de “Vinculación Social y Organizaciones Adherentes”.

Denunciaron que este personaje ha conseguido plaza a media docena de familiares: a su hija Leticia Leyva con 36 horas de auxiliar administrativa, a Karla Isela Rojas Leyva con 10 horas como Auxiliar en computación, Máximo Rojas Leyva, su sobrino, con siete horas de geografía en el Ejido Tecolotes, a Sonia Rojas Leyva con una plaza de primaria en Valle del Pedregal y Evelyn Leyva, su otra hija, que de una plaza de auxiliar de Intendencia con siete horas, pasó a una plaza de Prefecto.

Además, está Alberto Leyva Alcaraz, hermano de Ernesto, quien tiene una plaza en la Inspección III con un sueldo de 21 mil 248 pesos mensuales. Aunque en la copia de la nómina (fechada el 15 de abril del 2010) se anota la leyenda “esta persona no labora en esta zona, no está en plantilla”.

Y el profesor Aarón Bustos López, Coordinador Estatal de Secundarias, quien también ha tramitado plazas a una decena de sobrinos.

Osuna endeuda a BC

24 años para pagar el crédito de casi tres mil millones de pesos que solicitó

Aprobado en el Congreso un nuevo crédito para el gobierno del Estado, la suma de la deuda llega a los 8 mil 539 millones de pesos. El último endeudamiento es bajo la justificación de concretar una serie de obras en la entidad, aunque la medida desprenda un marcado tufo político electoral, sobre todo después de la aún fresca derrota panista, también representa una administración sustentada en el crédito por encima de la productividad y la eficiencia.

Sergio Haro Cordero

A la mitad del camino y después de una elección donde el partido gobernante perdió no sólo la mayoría en el Congreso sino además las cinco alcaldías bajacalifornianas, el Gobernador José Guadalupe Osuna busca enderezar el rumbo con la reactivación de la economía, pero a través de un endeudamiento que pesará los siguientes 24 años, en las próximas cuatro administraciones estatales.

La bancada panista en el Congreso del Estado aprobó –con la ausencia de la fracción del PRI– la autorización para endeudarse por 2 mil 869 millones de pesos, que se sumaran a la deuda ya existente de 2 mil 99 millones de pesos, para un total de 4 mil 968 millones de pesos. Aparte el Gobierno del Estado carga una deuda indirecta –por aval a paraestatales– por 3 mil 571 millones de pesos.

En total, a cuatro años de administración, el gobierno de Osuna tiene una deuda de 8 mil 539 mil millones de pesos.

El nuevo crédito va directo a un nuevo programa, el Programa de Obra Sustentable para la Generación de Empleos y Reactivación Económica de Baja California, Prospera BC.

“La obtención de este financiamiento permitirá ejecutar obras públicas que aumenten la prosperidad, el crecimiento económico y el empleo”, se expuso oficialmente en un folleto distribuido entre los reporteros hace dos semanas, cuando se presentó oficialmente el programa.

Cerca de la medianoche del sábado 11, después de designar a nuevos Consejeros de la Judicatura y al nuevo Magistrado Supernumerario del Tribunal Contencioso Administrativo, la bancada panista en mayoría aprobó la autorización del crédito.

No es cheque en blanco

Originalmente la solicitud era de 2 mil 618 millones de pesos, pero se le sumaron 250 debido a que se condensaron 50 millones para cada una de las cinco próximas administraciones municipales.

Para el diputado Antonio Cano, Presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, es relativo el considerar que sea un “endeudamiento fuerte” y menciona como primer elemento la situación que se generó tras el sismo de abril pasado en Mexicali, que inmediatamente repercutió en las finanzas públicas.

“Eso hizo necesario que el Gobierno del Estado se hiciera de recursos para poder iniciar algunas obras que tenían ya proyectadas y continuar otras”, explica el diputado por el Partido Nueva Alianza.

Cano asegura que esta deuda no impactará en el presupuesto ya que –sumando el interés que actualmente se paga– se calcula en cerca de 1.6 por ciento el servicio de la deuda.

Optimista, Cano menciona que hay créditos que están por cumplirse, lo que hará que baje el endeudamiento y de paso compara con otras entidades, como el Estado de México, que paga de interés cerca del 12% de su presupuesto.

Menciona otro ejemplo más cercano, como el caso del Ayuntamiento de Tijuana y el Programa PIRE que en la parte más álgida le costará 7 por ciento del presupuesto, para luego bajar al 3.5 por ciento.

La otra parte del crédito estatal tiene que ver con las repercusiones a favor, ya que calculan la generación de 16 mil empleos directos e indirectos.

“Va a darle un movimiento a la economía (…) va a reactivar sobre todo al sector de la construcción y hay un compromiso dentro de los acuerdos que hemos tenido en los debates internos del Congreso con el Ejecutivo para revisar el tema de que todas las obras sean licitadas con empresas locales”, expone Cano Jiménez y justifica:

“Nosotros no podemos estar en contra de que se destine un recurso en el ámbito de lo educativo, para ampliar el Campus del Valle de las Palmas de la UABC y abrir espacios para la educación superior. No nos podemos negar a las obras que está planteando el Ejecutivo y que tienen que ver con la conclusión del Centro Estatal de las Artes en Tijuana, que tiene que ver con la construcción de vialidades nuevas, de nodos de puentes que vienen a desahogar el tráfico”.

En el caso de Tijuana menciona recursos por 102 millones de pesos destinados a obras diversas y considera “viable” recurrir al crédito en función de la relación costo-beneficio.

Al preguntar si no habría otra manera de agenciarse de recursos –fuera de endeudarse– Cano menciona que otra opción es aumentar impuestos.

Refiere que a la par de lo que el Estado destine a esas obras, el Gobierno Federal aportará una cantidad proporcional, lo que llaman coloquialmente el paripaso.

De otras formas de contar con recursos, se le mencionan otras opciones, como la reorganización administrativa, y el legislador por el Panal refiere la reestructuración del gasto que ya realizó el Gobierno del Estado hace dos años y que le significó el ahorro de cerca de 300 millones de pesos.

“Eso fue en el contexto de la crisis económica en donde se hizo una reingeniería del esquema organizacional del Ejecutivo y su esquema de gasto que generó ahorros con ese propósito, podría hacerse algún otro ejercicio, sin embargo aquí estamos hablando de mil 600 millones de pesos”.

Acepta que se podrían generar ahorros con otras medidas –quizá más radicales– pero comenta que se debe tener cuidado en no impactar los servicios que otorga el Estado. Además que en el caso de liquidaciones, o de un despido generalizado, eso también implica un desembolso importante de recursos.

Se le pregunta al legislador si la autorización de ese crédito significa un cheque en blanco para el Gobierno del Estado, lo cual rechaza. Que el crédito está atado a las tasas de interés, buscando que éstas sean competitivas en el mercado. Una segunda condicionante es que la inversión no vaya a gasto corriente, sino estrictamente a la inversión. Además va condicionado a la no modificación de los proyectos planteados.

“De ninguna manera es un cheque en blanco y no es un asunto que estamos discutiendo de hace dos horas, esta propuesta se ha venido planteando ya de hace tiempo y se han venido dando algunos ajustes. Incluso se ha conversado ya con los alcaldes electos” y menciona como ejemplo el caso de Tijuana con quien se han tenido reuniones de trabajo y se ha ajustado la propuesta de origen.
“Son obras que van a ser ejecutadas por la próxima administración municipal”, dice Cano, por eso en el caso de los cinco municipios se planteó la necesidad de aumentar el crédito a 250 millones más, 50 para cada administración municipal.
“Son obras que es cierto, es un endeudamiento a 20 años, pero es cierto también que el disfrute de la obra va a ser a 20 años o más”, sintetiza el legislador tijuanense.

Muchas obras

De acuerdo a la información del programa Prospera BC, se prevé la creación de cerca de 16 mil empleos, directos e indirectos. Se afirma que los recursos con los que cuenta el Estado están comprometidos en diversos rubros, como en gasto social, participaciones y trasferencias a los municipios, procuración y justicia, lo que representa casi el 85 por ciento del presupuesto total.

Mencionan también que la inversión en vialidades representa cerca del 55% del total de esa inversión. Otra parte –cerca del 11 por ciento– va destinada a la pavimentación en colonias populares bajo la premisa de que estas obras “fungen como un medio directo para elevar la calidad de vida de la población”. Otro 8 por ciento va destinado al turismo, con el propósito de continuar impulsando la reactivación económica.

En el caso de Mexicali las obras programadas incluyen una villa atlética y un centro acuático en la Ciudad Deportiva, la pavimentación de colonias populares, el Corredor Palaco, la ampliación de la calle Independencia, el remozamiento de la calzada Gómez Morín –entre otras– así como obras de electrificación.

En Tijuana la conclusión del Centro Estatal de las Artes, la conclusión y equipamiento del Campus UABC en Valle de las Palmas, la construcción de la vialidad Alamar, el bulevar Las Torres, el Casablanca y la pavimentación y electrificación en colonias populares.

En Ensenada las obras incluyen la conclusión del gimnasio polideportivo en Valle Dorado, el Boulevard Zertuche norte, el Bahía de los Ángeles, la integración del Puente Kiliwas, el boulevard costero y pavimentación y electrificación en colonias populares.

Para Tecate se programó la modernización del acceso a la carretera Mexicali-Tecate, igual de la Tecate-Tijuana. El acceso a Santa Anita, el Boulevard Encinos y también la pavimentación y electrificación en colonias populares.
En Playas de Rosarito se tiene contemplado el Centro de Convenciones Metropolitano, el bulevar de acceso a ese centro, la ampliación del Puente Machado, el puente que cruza la autopista y la electrificación en zonas populares.
Una parte de lo presupuestado tiene que ver con obras de reconstrucción en Mexicali tras el sismo de abril pasado como la aportación estatal al Fonden en áreas de vivienda, salud, carreteras, educación e infraestructura hidráulica

Discutir los alcances de cada obra

Para el Presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Rubén Roa Dueñas, lo mejor hubiera sido que la discusión y aprobación de este crédito se hubiera concretado en la siguiente legislatura.

“Un ejercicio así, en el contexto de la nueva geografía política de Baja California no haría más que incentivar y promover la competencia por identificar, jerarquizar y articular los mejores proyectos de infraestructura, en un marco de diálogo, respeto, con un claro e irrestricto ánimo en el logro de consensos”, expone el Doctor en Economía por la UABC y Doctor también en Ciencias de la Dirección por la Universidad de Alcalá, en España.

El especialista, afirma:

“No creo que esta situación sea utópica o romántica, se hubiera tratado de procurar una amplia discusión sobre la pertinencia, alcances e impactos de cada obra de infraestructura propuesta.

“Habría que analizar a la luz pública las alternativas de solución a cada problema, a resolver con cada proyecto, su estructura de costos y mezcla financiera, calendarios de ejecución, generación de empleos, estimación y valoración de beneficios sin duda daría mayor luz y brillo propio a la naturaleza y propósitos de cada proyecto y programa”.

Roa Dueñas, quien también tiene estudios en Historia Económica por UCLA considera que con la diversidad política y la diversidad de opiniones, diagnósticos, talentos y propósitos se puede encontrar la riqueza de nuestra sociedad y sistema de gobierno en un ambiente de tolerancia.

“Plantear alternativas de solución ante adversarios políticos no les resta legitimidad y méritos a cada propuesta o interlocutor, sino todo lo contrario, valida la política como instrumento, consolidaría nuestra democracia y la idea de que aún prevalece la humildad y sensatez entre los tomadores de decisiones”.

El Presidente del Colegio de Economistas de Baja California dice estar seguro que una eventual competencia en el terreno del debate sobre la política pública, sería una experiencia llena de contenidos e inspiradora para transitar a otra de diferente tipo: la competitividad de nuestra economía.

“Dada la fragilidad de nuestra economía local en esta coyuntura que vivimos –sin menoscabo a los beneficios de construir infraestructura– cada vez se hace más necesaria intensificar la discusión sobre el estado actual que guarda nuestra economía, a dónde pretendemos transitar y cómo podríamos coexistir”.

El especialista opina que sería deseable institucionalizar un diálogo abierto, permanente y lleno de voluntad política para combatir los inhibidores de nuestra economía, fortalecer nuestro mercado interno, así como promover la comunicación, cooperación y competencia entre nuestros empresarios y profesionistas.

“Sólo así podríamos generar más empleos dignos, permanentes y bien remunerados”, finaliza.

Por lo pronto el Congreso del Estado a través de la mayoría panista ya aprobó la solicitud de crédito por 2 mil 869 millones de pesos, a pagar en los próximos 24 años con dinero público, dinero de nuestros impuestos.

LOS DESPIDOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Los despidos fueron por incapacidad y por diferencias político-electorales, los cambios que faltan.

      Pareciera que se quedó corto, que faltaron áreas y más cambios, sobre todo en el contexto de la mitad de la administración, de escasos resultados, del evidente desgaste y deterioro. Aun así con bombo y platillos el Gobernador Osuna anunció la sacudida a una parte de su gabinete, la más fuerte de su gobierno, pero parece insuficiente.

Por: Sergio Haro Cordero

Cuando Francisco García Burgos recibió la llamada de Cuauhtémoc Cardona, el secretario de gobierno de Baja California, para avisarle que el gobernador lo invitaba a encabezar la oficialía mayor, se encontraba en la secretaría de gobernación.

Derrotado el 4 de julio y sin chamba, García Burgos le estaba pidiendo trabajo a Óscar Vega, el oficial mayor de Gobernación. Evidentemente, de manera inmediata se regresó a Baja California.

Este simple hecho demuestra que los cambios en el gabinete de José Guadalupe Osuna Millán no fueron ni pensados, ni valorados. La mayoría de los movimientos fueron por el encono por los resultados desfavorables al Partido Acción Nacional en la elección. Otros, efectivamente, fueron por incapacidad.

Pero aun así, el gobernador se quedó corto. Le faltaron cambios.

La secretaría de desarrollo económico por ejemplo, donde despacha su amigo y mentor el ex rector de la UABC que no ha destacado. Que ha comprobado que la teoría no necesariamente funciona en la práctica. La poca inversión que ha llegado a Baja California y los nulos esfuerzos del secretario por ayudar a los comerciantes, merecerían el cambio.

En la SIDUE, la remoción quedó pendiente. Sólo falta que como es deseo del gobernador, Héctor Osuna Jaime, arquitecto de profesión acepte el cargo, para que se dé la salida del ingeniero Luis López Moctezuma.

Manuel Aguilar, el secretario de planeación y finanzas también debería estar fuera del gobierno. Lo sostiene porque fue parte de la estructura gubernamental que apoyó la campaña de Carlos Torres a la alcaldía de Tijuana.

Más que una renovación en el gabinete, los cambios de Osuna Millán, son la aceptación de la culpa en dos contextos: Los nulos resultados en sus primeros tres años de gobierno, y la derrota del PAN en la reciente elección.
Es clarísimo que Ruth Hernández, la oficial mayor, salió porque no apoyó de entrada la candidatura de Carlos Torres; metida en el despido masivo –la verdad es que ninguno renunció como lo anunció el gobernador– es de las pocas funcionarias que se apegaron a su trabajo administrativo y no a la campaña política de Tijuana. Eso, evidentemente le costó el cargo.

En Desarrollo Social, la fórmula asistencialista defendida por Carlos Reynoso durante años tronó estrepitosamente con los últimos resultados electorales.

En Comunicación Social la salida del titular –por ineficiencia y falta de oficio, entre múltiples señalamientos– se había retrasado más de un año. Del titular de Issstecali surgieron sospechas de presuntas irregularidades –nunca comprobadas– pero que empujaron hacia su despido.

Lo demás fueron enroques y reacomodos, bajo la premisa oficial de “relanzar la tarea de gobierno y colocarla más en el centro de las necesidades de la ciudadanía”, según lo dijo el propio Gobernador después de la toma de protesta, tras dar lectura a un documento y donde no aceptó preguntas de los reporteros. Antes advirtió:

“Todos estamos sujetos a una constante evaluación, la función pública está bajo escrutinio permanente y la medición final la otorga la ciudadanía sobre nuestro actuar…”

Compartir un botín

“En todas las administraciones públicas es muy difícil que se inicie con un gabinete y se concluya con él”, asume de entrada Luis Enrique Concepción Montiel, Doctor en Ciencia Política y Sociología y actual Director en Mexicali de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California.

Se refiere a partir de lo que llama “los procesos democráticos”, ya que anteriormente, en los tiempos del gobierno autoritario y vertical –los tiempos del PRI– el gabinete se caracterizaba por ser relativamente más estable, aunque sujeto a los cambios que Presidente o Gobernador definieran. “El Presidente era jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe de Partido”, expone el también Maestro en Administración Pública.

En el caso de los cambios, el académico considera que en algunos casos, también pueden llegar a desequilibrar.

En ese marco menciona la notable ausencia de un Servicio Civil de Carrera, es decir, que los cargos en la administración pública sean ocupados por profesionales, independientemente del Partido que gane la elección.

“El Servicio Civil de Carrera está basado en los méritos y en la neutralidad política, precisamente pensando en los vaivenes y los cambios en la administración, porque es mérito, tiene que ver que el funcionario público sea designado no por el amiguismo o el compadrazgo, (la contraparte) es el sistema de botín, de compartirse un botín que se ganaba y se compartía, un botín político”, considera el académico universitario.

El otro rubro tiene que ver con la neutralidad política, es decir, que se le incluya independientemente del partido con el que se simpatice o sea miembro el funcionario.

“Esto es muy difícil, pues regularmente la gente de su confianza (del gobernante) prácticamente es gente de su Partido. Pero lo más sano es que existe esa neutralidad política, basado en que sea en las funciones técnicas”.

El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores considera importante que en la función pública no sólo es necesario que los funcionarios sean de la confianza del gobernante, sino que además tengan la experiencia y la capacidad en el puesto para el que son designados.

“No se puede estar cambiando de una función a otra sin tener la idea de lo que se va a realizar”, expone el especialista.

Pero añade otro problema: En la clase política no se han formado las elites, no se han capacitado, a nivel de cuadros especializados. Lo que ha venido sucediendo es (el aprendizaje) a través del ensayo y error”.

En el caso de Baja California expone que a 20 años de la llegada del PAN el poder, ya hay gente que tiene la experiencia, pero el Partido ha crecido y afloran las divisiones internas, que lo han fracturado.

Se le pregunta al especialista sobre el caso concreto de Jorge Sánchez, quien sale del área de comunicación pero lo nombran subsecretario de Desarrollo Social, y Concepción expone:

“Lo que sucede es que muchas veces hay compromisos políticos y con los compromisos políticos es muy complicado navegar. Cuando están las campañas se van adquiriendo compromisos con grupos, con personas, con empresas.

“Pero el final tiene que ver con la cuestión de que se gobierna por y para los ciudadanos y en función de resultados”.

Finalmente se le pregunta al Director de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC sobre la dimensión del reto para el gabinete de Osuna, y así responde:

“El reto que se tiene es mejorar la percepción que se tiene del mismo gobierno, en una coyuntura muy delicada, es rescatar el proyecto inicial del Gobernador, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida, mejorar los empleos, abatir los rezagos, pero ciertamente tiene que ver con el contexto externo complicado”. A todo esto le suma la complejidad de que en esta segunda mitad del gobierno de Osuna tendrá un Congreso en contra –con mayoría priísta–, igual los 5 ayuntamientos.

Los motivos de Osuna

Al explicar los cambios, el Gobernador dijo que –a la mitad de su administración– se revisaron los programas de gobierno, la relación con la ciudadanía, los compromisos asumidos en su inicio y el grado de avance.

Dijo que –en ese marco– se evaluaron las tareas de equipo y colaboradores, para “relanzar la tarea de gobierno y colocarla más en el centro de las necesidades de la ciudadanía”.

Lo que no dijo públicamente es que desde hace varias semanas ya tenía la idea de “sacudir” el gabinete, sobre todo en algunas áreas, pero no sabía cómo ni con quién.

De acuerdo a diversas versiones, todas cercanas a la cúpula gobernante, en el caso de Ruth Hernández –ahora Ex Oficial Mayor de Gobierno– se habían suscitado varios conflictos internos, sobre todo en un evidente pleito de poder con Francisco Blake, el ex Secretario General de Gobierno y ahora Secretario de Gobernación.

La sustituye Francisco García Burgos, quien fue líder estatal del PAN en el 2000, luego se fue al CEN Nacional al área de elecciones y últimamente estaba en el equipo de Héctor Osuna en la Cofetel.

En el caso de Desarrollo Social, Carlos Reynoso, quien se había entronizado en la Secretearía de Desarrollo Social, había “vendido” la estrategia asistencialista de entregar despensas y recibir votos para el PAN, la que defendía bajo el argumento de que le había funcionado, en sus casi 10 años al frente de esa área.

Conforme a diversas fuentes, el Gobernador no estaba muy convencido de esa estrategia, pero acabó de convencerse de la necesidad del relevo sobre todo a raíz del estrepitoso fracaso del PAN en la pasada elección local, cuando el partido blanquiazul perdió todo, desde la mayoría en el Congreso hasta las 5 Alcaldías. De Carlos Reynoso se adelantó que se iría a la Dirección de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, que ahora encabeza el tijuanense Francisco Blake.

Lo sustituye en Sedesoe Carlos Flores Vásquez, quien fungía como titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Lo curioso es que como Subsecretario Osuna designó a Jorge Sánchez, quien fue removido de la Coordinación de Comunicación social por su evidente ineficiencia.

Según algunas fuentes, la remoción de Sánchez se venía discutiendo al interior del gabinete desde hace más de un año, pero no se había presentado la coyuntura para concretarla. Sánchez ya no sólo era ignorado por la mayoría de los reporteros de la fuente, sino además había entrado en conflicto hasta con directores de medios a quienes evadía hasta responder el teléfono.

En su lugar fue designado Mario Palacios, quien en Mexicali tenia 19 años de antigüedad en el área de noticias de MVS Radio –ahora Radio MIC– al frente de un noticiero de evidente orientación pro empresarial. A Palacios lo designaron para que organice el área –que debe coordinar a más de cien voceros– y fue seleccionado entre una propuesta de internos (es decir, ya en el gobierno) y otra de externos, algunos hasta de fuera del estado.

En el caso de Issstecali a Salvador Morales Riubí –ex líder estatal del PAN– se le siguió la huella por sospechas de presuntas irregularidades al frente de la dependencia, sobre todo en áreas como la proveeduría de medicinas y la construcción de algunos inmuebles, aunque nunca se le pudo comprobar nada. Aun así se optó por su salida y aunque públicamente se dijo que se iba a un puesto federal, parece que nada tiene seguro. Lo sustituye en el cargo Raúl López Moreno, el candidato perdedor del PAN a la Alcaldía de Mexicali y a quien le toca encabezar una de las dependencias más complicadas de la administración estatal, con las finanzas en rojo desde hace varios años y sin una salida clara al tema de pensiones y jubilaciones, además de que le tocará lidiar con las sindicatos menos dóciles, como el SETE, el de Burócratas y el SNTE 37.

Otro “rescatado” pero en el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE) fue Francisco Rueda, el ex contendiente perdedor en la interna del PAN por la candidatura a la Alcaldía de Mexicali.

En casos que se habían mencionado con posibles relevos, como el de Luis López Moctezuma en la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), todo indica que fueron incluidos de más, ya que según las mismas fuentes, el actual Secretario tiene toda la confianza del Gobernador, quien lo ubica con un serio desempeño y hasta se asegura que el ex Rector de la UABC será de los que terminen todo el sexenio, pese a su filiación priísta.

Cimbrando el aparato

“Es una parte de un relevo a la mitad del camino, evidentemente tiene que ver con una evaluación del desempeño, creo que esto es una cosa obligada”, comenta el Doctor en Sociología y actual Secretario General del Departamento de Desarrollo Institucional del Colegio de la Frontera en Tijuana, Alberto Hernández.

El especialista comenta la importancia de la Oficialía Mayor, área a la que le corresponde los acuerdos con la burocracia y con los sindicatos. “Es una parte de mucha negociación y de mucho desgaste, una pieza muy simbólica, pues estaba en manos de una mujer, de Ruth Hernández, y es una parte que tenía que ver con alguien que venía de una acción en el ámbito federal, de una experiencia en el partido”.

El también Maestro en Sociología por la UNAM considera que la salida de Ruth Hernández deja un gran hueco, aunque podría complementarse por la experiencia de García Burgos.

“Lo que sí me preocupa es que en estos cambios no hay la inclusión de más mujeres, creo que la experiencia que pueden dejar las mujeres es muy estratégica, sobre todo en áreas como política social, en salud, en educación, aun en deporte, es una de las cosas que sí se ven como no acertadas".

En el caso de comunicación social acepta no conocer mucho del área, pero se dice sorprendido de que el ahora ex titular haya sido enviado a Desarrollo Social. “Es lo que no logro entender”, comenta el académico del Colef, y sobre el desempeño en comunicación social comenta que “algo está fallando en la imagen del gobierno” ya que quizá se podrían estar haciendo muchas cosas, pero se falla a la hora de comunicar.

El titular del área de Planeación y Desarrollo Institucional del Colef considera que para algunas áreas los funcionarios deben de contar no sólo con la parte técnica que requiere el perfil, sino además el equilibrio con una parte negociadora.

Opina además que los recientes cambios en el aparato gubernamental sí tuvieron que ver con el resultado del pasado proceso electoral, que fue adverso para el PAN.

“Creo que sí, a lo mejor el gobierno está haciendo bien las cosas, pero la gente no lo ve así, las prioridades no son así, la gente está demandando otra cosa. Creo que esto es también una lección acerca de las acciones que tiene que tomar el gobierno en las áreas prioritarias, el dinamismo que requiere la entidad en términos económicos, entonces esta sacudida tiene que ser, en general, para abrir otros horizontes, no puede quedar haciéndose las mismas cosas porque, porque también hay una evaluación que hace el ciudadano”.

En el caso de áreas donde los cambios estuvieron ausentes, como la Procuraduría o Seguridad Publica, Hernández considera que son áreas que ahora están dando resultados. “Con problemas, por supuesto, pero estando como está el país, con un grado de inseguridad, el posicionamiento del crimen organizado, creo que los resultados de la evaluación de Baja California no es la ideal, pero no es la peor”.

Y finalmente, sobre toda esta “poda” al aparato gubernamental, el especialista opina

“Creo que ésta es una cuestión que está cimbrando al aparato, que está poniendo las letras chiquitas sobre gente que no está dando un resultado, o que tiene que dar más”.