ED/ Redacción
El Gobierno federal, a través de las secretarías del Trabajo y Educación Pública, debe responder por qué el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) opera en la ilegalidad, aseguraron especialistas.
En lo anterior coincidieron Ricardo Raphael, profesor del CIDE, y Francisco Bravo, maestro que desde hace dos años está pelando la secretaría general de la Sección 9 del gremio, publicó el periódicoReforma.
Lo anterior debido a que 21 por ciento de las secciones estatales del SNTE opera en la ilegalidad, según el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), pues de las 56 secciones con que cuenta, 12 carecen de toma de nota o la que obtuvieron ya perdió vigencia, no tienen registro ante las autoridades laborales o no hay reporte de que hayan hecho elecciones de su Comité Ejecutivo.
Ricardo Raphael, autor del libro “Los socios de Elba Esther” y vocero de la Coalición Ciudadana por la Educación, señaló que Javier Lozano, titular del Trabajo, debería responder por esas irregularidades.
Aseguró que la autoridad laboral “protege” a los sindicatos que están en el Apartado B, que son los que aglutinan a los trabajadores al servicio del Estado.
“Se ha avanzado mucho con respecto a la transparencia en el caso del Apartado A (los trabajadores que cotizan al IMSS), pero en el apartado B sí hay sistemáticamente opacidad y negligencia de la autoridad laboral”, señaló Raphael.
Puso como ejemplo que en el caso de los trabajadores del Apartado A, se puede tener acceso a los Contratos Colectivos de Trabajo, a las toma de nota, pero no sucede lo mismo con los trabajadores al servicio del Estado.
“Un ejemplo es el caso de Elba Esther Gordillo (presidenta del SNTE) cuando se nombró líder vitalicia del sindicato: no existe información sobre esa asamblea, a pesar de que no ha habido asamblea más autoritaria y escondida que esa (de julio de 2007), pero ameritaba un documento oficial que no se ha hecho público”, expresó.
El especialista agregó que el Apartado A debiera ser el más transparente, justamente porque son empleados públicos relacionados con las políticas y bienes públicos.
“Hemos avanzado en el Apartado A, incluso el propio Lozano ha hecho todo lo posible por avanzar en materia de transparencia en el Apartado A, pero es evidente que no ha hecho nada para avanzar en el Apartado B, cuando so trabajadores que tienen que ver con bienes y gasto público, por eso tendría que ser el más transparente”, dijo Raphael.
Consideró que la autoridad laboral debería ser tan rigurosa con los trabajadores al servicio del Estado como lo es con los del Apartado A.
En tanto, Francisco Bravo aseguró que la ilegalidad en la que trabajan algunas secciones sindicales es práctica común del Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Gordillo.
Añadió que antes de que el TFCA le quitara la toma de nota a María Teresa Pérez Ramírez, quien sigue ostentándose como secretaria general de la Sección 9, el comité seccional que encabezó Blanca Luna duró 10 años, mientras los estatutos marcan que el periodo es de tres años.
“Siete años estuvo en la ilegalidad y no había toma de nota y la autoridad laboral no hace nada, por eso es un asunto muy común en todo el País pues hay un contubernio entre las autoridades y el SNTE”, dijo.
Bravo acusó que en la Secretaría de Educación Pública siguen dándole las prerrogativas a Pérez Ramírez, y que incluso la semana pasada firmó una convocatoria junto con Luis Ignacio Sánchez, titular de la Administración d los Servicios Educativos del DF.
“Esas son parte de las concesiones de la autoridad educativa, de estar reconociendo a gente que ya no tiene toma de nota y funciona en la ilegalidad”, indicó.
Negocios privados
Los sindicatos mexicanos se han convertido en negocios privados y sus dirigentes en dictadores millonarios e intocables gracias a sus alianzas políticas, afirmó la Arquidiócesis Primada de México.
El Arzobispado, que dirige el Cardenal Norberto Rivera, sostuvo que es difícil ubicar cuál de todos los gremios es el más nocivo para el País, pero señaló al SNTE como el más dañino por poner en riesgo la calidad educativa y el futuro de la sociedad mexicana a costa de intereses políticos y ventajas económicas.
Indicó que hasta en los grupos disidentes del sindicato hay corrupción e ineficiencia laboral, y aclaró que al cuestionar la labor del gremio no se refiere a los maestros que con su trabajo forman a los mexicanos, sino a la dirigencia.
“(Nos referimos) al grupo de sindicalistas y a su dirigencia nacional, que constantemente pone en riesgo nuestro futuro con presiones al Gobierno y a la sociedad sin ningún sentido ni en cuanto a demandas laborales legítimas, ni mucho menos en cuanto a la calidad de la educación”, apuntó.
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