sábado, 2 de enero de 2010

La educación a mitad del sexenio

EL UNIVERSAL

Por: Raymundo Carmona León y Maira Fernanda Pavón Tadeo
 Miembros del Grupo de Redacción de OCE

A tres años del gobierno de Felipe Calderón, considerado este último el más difícil por las condiciones adversas económicas, políticas, sociales y de salud, los resultados en materia educativa no son positivos ni alentadores porque los esfuerzos se han puesto en atender problemas coyunturales. Desde la perspectiva oficial, el logro más destacado es la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pero no debemos olvidar que fue resultado tan sólo de la mancuerna entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sin tomar en cuenta la opinión de otros actores; además de ser criticada por su deficiencia en el diseño y la ausencia de un trabajo profundo por el mejoramiento educativo del país.
En la ceremonia de celebración de la mitad de su sexenio, el 29 de noviembre, el Presidente de la República consideró a la Alianza como “una herramienta útil y poderosa… un compromiso de maestros y de autoridades que está comenzando a dar resultados… ya que hemos concursado más de 25 mil nuevas plazas de maestros en el país, por primera vez en la historia moderna de México”. Sin embargo, debemos recordar que la ACE generó preocupaciones entre los investigadores y analistas por las implicaciones políticas de Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo que la impusieron más allá del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) y la convirtieron en el eje de la política educativa.
Otra de las preocupaciones más importantes la generó el anuncio de la “reforma curricular integral de la educación básica centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias”, cuyo proyecto se realizó bajo presión y de manera desarticulada entre diversas comisiones, dependencias públicas y empresas privadas, sin que la SEP asumiera la responsabilidad de garantizar su calidad y consistencia.
Por otra parte, llama la atención que el pronunciamiento presidencial sobre los primeros tres años de su gobierno contrastó con sus propias palabras el pasado 2 de septiembre cuando, al referirse a “lograr una educación de calidad” señaló la importancia de que México “supere el marasmo de los intereses y las inercias" que la dificultan. En cambio, en el balance trianual el "marasmo" desapareció.
 
Al no figurar la educación como tema prioritario dentro de la agenda nacional se generan interrogantes en la sociedad ante los retos de calidad, equidad y cobertura. Para Calderón, desde su campaña política hasta lo que va de su gobierno, los aspectos educativos pasaron a un segundo plano. Las promesas en su carrera por la Presidencia de la República se enfocaron a ampliar las becas educativas; implementar un programa de escuelas seguras; impulsar la opción de horarios extendidos en las escuelas; fortalecer la educación física y artística en las primarias; incrementar la cobertura, así como garantizar la calidad de la educación superior (en específico, detener la proliferación de universidades privadas de dudosa calidad).
 
Mientras tanto, en el Plan Nacional de Desarrollo su línea de “transformación educativa” estableció como objetivos: elevar la calidad educativa; reducir las desigualdades en las oportunidades educativas; impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo; promover la educación integral; fortalecer el acceso y la permanencia en la enseñanza media superior; ampliar la cobertura, favorecer la equidad, además de mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.
 
No obstante, el PSE, en contraste con el de las dos últimas administraciones, resultó ser un breve e improvisado documento, carente de una visión coherente, diagnóstica y conceptual, el cual se organizó en objetivos por nivel educativo en función de temas transversales como evaluación, infraestructura, sistema de información, marco jurídico y mejora de la gestión institucional. En general se visualizó continuidad con el gobierno anterior al retomarse programas como Escuelas de Calidad, Enciclomedia, el Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes), así como la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) que se transformó en este gobierno en la unidad de medida nacional para el logro académico, pese a ser tan cuestionado por su instrumentación y metodología.
 
Con la designación en tres años de gobierno de dos secretarios de Educación Pública (primero Josefina Vázquez Mota y ahora Alonso Lujambio) es complicado pensar en la construcción de una nueva agenda que cumpla con el derecho a la educación; la atención estará más puesta en los problemas políticos nacionales que en obtener avances representativos en la educación que siempre estará en la mira de los recortes presupuestales.
 
En el primer trienio de la actual gestión no hay avances ni grandes transformaciones en el sistema educativo nacional; de principio, para un cambio profundo en la educación básica se requiere un replanteamiento sustancial de las bases legales y normativas que regulan las atribuciones y funciones del SNTE, además de que la SEP asuma sus obligaciones constitucionales. Seguiremos esperando acciones trascendentes, aunque con escasas esperanzas de que así sucedan.
 

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