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martes, 21 de septiembre de 2010

Osuna endeuda a BC

24 años para pagar el crédito de casi tres mil millones de pesos que solicitó

Aprobado en el Congreso un nuevo crédito para el gobierno del Estado, la suma de la deuda llega a los 8 mil 539 millones de pesos. El último endeudamiento es bajo la justificación de concretar una serie de obras en la entidad, aunque la medida desprenda un marcado tufo político electoral, sobre todo después de la aún fresca derrota panista, también representa una administración sustentada en el crédito por encima de la productividad y la eficiencia.
Sergio Haro Cordero
A la mitad del camino y después de una elección donde el partido gobernante perdió no sólo la mayoría en el Congreso sino además las cinco alcaldías bajacalifornianas, el Gobernador José Guadalupe Osuna busca enderezar el rumbo con la reactivación de la economía, pero a través de un endeudamiento que pesará los siguientes 24 años, en las próximas cuatro administraciones estatales.
La bancada panista en el Congreso del Estado aprobó –con la ausencia de la fracción del PRI– la autorización para endeudarse por 2 mil 869 millones de pesos, que se sumaran a la deuda ya existente de 2 mil 99 millones de pesos, para un total de 4 mil 968 millones de pesos. Aparte el Gobierno del Estado carga una deuda indirecta –por aval a paraestatales– por 3 mil 571 millones de pesos.
En total, a cuatro años de administración, el gobierno de Osuna tiene una deuda de 8 mil 539 mil millones de pesos.
El nuevo crédito va directo a un nuevo programa, el Programa de Obra Sustentable para la Generación de Empleos y Reactivación Económica de Baja California, Prospera BC.
“La obtención de este financiamiento permitirá ejecutar obras públicas que aumenten la prosperidad, el crecimiento económico y el empleo”, se expuso oficialmente en un folleto distribuido entre los reporteros hace dos semanas, cuando se presentó oficialmente el programa.
Cerca de la medianoche del sábado 11, después de designar a nuevos Consejeros de la Judicatura y al nuevo Magistrado Supernumerario del Tribunal Contencioso Administrativo, la bancada panista en mayoría aprobó la autorización del crédito.
No es cheque en blanco
Originalmente la solicitud era de 2 mil 618 millones de pesos, pero se le sumaron 250 debido a que se condensaron 50 millones para cada una de las cinco próximas administraciones municipales.
Para el diputado Antonio Cano, Presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, es relativo el considerar que sea un “endeudamiento fuerte” y menciona como primer elemento la situación que se generó tras el sismo de abril pasado en Mexicali, que inmediatamente repercutió en las finanzas públicas.
“Eso hizo necesario que el Gobierno del Estado se hiciera de recursos para poder iniciar algunas obras que tenían ya proyectadas y continuar otras”, explica el diputado por el Partido Nueva Alianza.
Cano asegura que esta deuda no impactará en el presupuesto ya que –sumando el interés que actualmente se paga– se calcula en cerca de 1.6 por ciento el servicio de la deuda.
Optimista, Cano menciona que hay créditos que están por cumplirse, lo que hará que baje el endeudamiento y de paso compara con otras entidades, como el Estado de México, que paga de interés cerca del 12% de su presupuesto.
Menciona otro ejemplo más cercano, como el caso del Ayuntamiento de Tijuana y el Programa PIRE que en la parte más álgida le costará 7 por ciento del presupuesto, para luego bajar al 3.5 por ciento.
La otra parte del crédito estatal tiene que ver con las repercusiones a favor, ya que calculan la generación de 16 mil empleos directos e indirectos.
“Va a darle un movimiento a la economía (…) va a reactivar sobre todo al sector de la construcción y hay un compromiso dentro de los acuerdos que hemos tenido en los debates internos del Congreso con el Ejecutivo para revisar el tema de que todas las obras sean licitadas con empresas locales”, expone Cano Jiménez y justifica:
“Nosotros no podemos estar en contra de que se destine un recurso en el ámbito de lo educativo, para ampliar el Campus del Valle de las Palmas de la UABC y abrir espacios para la educación superior. No nos podemos negar a las obras que está planteando el Ejecutivo y que tienen que ver con la conclusión del Centro Estatal de las Artes en Tijuana, que tiene que ver con la construcción de vialidades nuevas, de nodos de puentes que vienen a desahogar el tráfico”.
En el caso de Tijuana menciona recursos por 102 millones de pesos destinados a obras diversas y considera “viable” recurrir al crédito en función de la relación costo-beneficio.
Al preguntar si no habría otra manera de agenciarse de recursos –fuera de endeudarse– Cano menciona que otra opción es aumentar impuestos.
Refiere que a la par de lo que el Estado destine a esas obras, el Gobierno Federal aportará una cantidad proporcional, lo que llaman coloquialmente el paripaso.
De otras formas de contar con recursos, se le mencionan otras opciones, como la reorganización administrativa, y el legislador por el Panal refiere la reestructuración del gasto que ya realizó el Gobierno del Estado hace dos años y que le significó el ahorro de cerca de 300 millones de pesos.
“Eso fue en el contexto de la crisis económica en donde se hizo una reingeniería del esquema organizacional del Ejecutivo y su esquema de gasto que generó ahorros con ese propósito, podría hacerse algún otro ejercicio, sin embargo aquí estamos hablando de mil 600 millones de pesos”.
Acepta que se podrían generar ahorros con otras medidas –quizá más radicales– pero comenta que se debe tener cuidado en no impactar los servicios que otorga el Estado. Además que en el caso de liquidaciones, o de un despido generalizado, eso también implica un desembolso importante de recursos.
Se le pregunta al legislador si la autorización de ese crédito significa un cheque en blanco para el Gobierno del Estado, lo cual rechaza. Que el crédito está atado a las tasas de interés, buscando que éstas sean competitivas en el mercado. Una segunda condicionante es que la inversión no vaya a gasto corriente, sino estrictamente a la inversión. Además va condicionado a la no modificación de los proyectos planteados.
“De ninguna manera es un cheque en blanco y no es un asunto que estamos discutiendo de hace dos horas, esta propuesta se ha venido planteando ya de hace tiempo y se han venido dando algunos ajustes. Incluso se ha conversado ya con los alcaldes electos” y menciona como ejemplo el caso de Tijuana con quien se han tenido reuniones de trabajo y se ha ajustado la propuesta de origen.
“Son obras que van a ser ejecutadas por la próxima administración municipal”, dice Cano, por eso en el caso de los cinco municipios se planteó la necesidad de aumentar el crédito a 250 millones más, 50 para cada administración municipal.
“Son obras que es cierto, es un endeudamiento a 20 años, pero es cierto también que el disfrute de la obra va a ser a 20 años o más”, sintetiza el legislador tijuanense.
Muchas obras
De acuerdo a la información del programa Prospera BC, se prevé la creación de cerca de 16 mil empleos, directos e indirectos. Se afirma que los recursos con los que cuenta el Estado están comprometidos en diversos rubros, como en gasto social, participaciones y trasferencias a los municipios, procuración y justicia, lo que representa casi el 85 por ciento del presupuesto total.
Mencionan también que la inversión en vialidades representa cerca del 55% del total de esa inversión. Otra parte –cerca del 11 por ciento– va destinada a la pavimentación en colonias populares bajo la premisa de que estas obras “fungen como un medio directo para elevar la calidad de vida de la población”. Otro 8 por ciento va destinado al turismo, con el propósito de continuar impulsando la reactivación económica.
En el caso de Mexicali las obras programadas incluyen una villa atlética y un centro acuático en la Ciudad Deportiva, la pavimentación de colonias populares, el Corredor Palaco, la ampliación de la calle Independencia, el remozamiento de la calzada Gómez Morín –entre otras– así como obras de electrificación.
En Tijuana la conclusión del Centro Estatal de las Artes, la conclusión y equipamiento del Campus UABC en Valle de las Palmas, la construcción de la vialidad Alamar, el bulevar Las Torres, el Casablanca y la pavimentación y electrificación en colonias populares.
En Ensenada las obras incluyen la conclusión del gimnasio polideportivo en Valle Dorado, el Boulevard Zertuche norte, el Bahía de los Ángeles, la integración del Puente Kiliwas, el boulevard costero y pavimentación y electrificación en colonias populares.
Para Tecate se programó la modernización del acceso a la carretera Mexicali-Tecate, igual de la Tecate-Tijuana. El acceso a Santa Anita, el Boulevard Encinos y también la pavimentación y electrificación en colonias populares.
En Playas de Rosarito se tiene contemplado el Centro de Convenciones Metropolitano, el bulevar de acceso a ese centro, la ampliación del Puente Machado, el puente que cruza la autopista y la electrificación en zonas populares.
Una parte de lo presupuestado tiene que ver con obras de reconstrucción en Mexicali tras el sismo de abril pasado como la aportación estatal al Fonden en áreas de vivienda, salud, carreteras, educación e infraestructura hidráulica
Discutir los alcances de cada obra
Para el Presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Rubén Roa Dueñas, lo mejor hubiera sido que la discusión y aprobación de este crédito se hubiera concretado en la siguiente legislatura.
“Un ejercicio así, en el contexto de la nueva geografía política de Baja California no haría más que incentivar y promover la competencia por identificar, jerarquizar y articular los mejores proyectos de infraestructura, en un marco de diálogo, respeto, con un claro e irrestricto ánimo en el logro de consensos”, expone el Doctor en Economía por la UABC y Doctor también en Ciencias de la Dirección por la Universidad de Alcalá, en España.
El especialista, afirma:
“No creo que esta situación sea utópica o romántica, se hubiera tratado de procurar una amplia discusión sobre la pertinencia, alcances e impactos de cada obra de infraestructura propuesta.
“Habría que analizar a la luz pública las alternativas de solución a cada problema, a resolver con cada proyecto, su estructura de costos y mezcla financiera, calendarios de ejecución, generación de empleos, estimación y valoración de beneficios sin duda daría mayor luz y brillo propio a la naturaleza y propósitos de cada proyecto y programa”.
Roa Dueñas, quien también tiene estudios en Historia Económica por UCLA considera que con la diversidad política y la diversidad de opiniones, diagnósticos, talentos y propósitos se puede encontrar la riqueza de nuestra sociedad y sistema de gobierno en un ambiente de tolerancia.
“Plantear alternativas de solución ante adversarios políticos no les resta legitimidad y méritos a cada propuesta o interlocutor, sino todo lo contrario, valida la política como instrumento, consolidaría nuestra democracia y la idea de que aún prevalece la humildad y sensatez entre los tomadores de decisiones”.
El Presidente del Colegio de Economistas de Baja California dice estar seguro que una eventual competencia en el terreno del debate sobre la política pública, sería una experiencia llena de contenidos e inspiradora para transitar a otra de diferente tipo: la competitividad de nuestra economía.
“Dada la fragilidad de nuestra economía local en esta coyuntura que vivimos –sin menoscabo a los beneficios de construir infraestructura– cada vez se hace más necesaria intensificar la discusión sobre el estado actual que guarda nuestra economía, a dónde pretendemos transitar y cómo podríamos coexistir”.
El especialista opina que sería deseable institucionalizar un diálogo abierto, permanente y lleno de voluntad política para combatir los inhibidores de nuestra economía, fortalecer nuestro mercado interno, así como promover la comunicación, cooperación y competencia entre nuestros empresarios y profesionistas.
“Sólo así podríamos generar más empleos dignos, permanentes y bien remunerados”, finaliza.
Por lo pronto el Congreso del Estado a través de la mayoría panista ya aprobó la solicitud de crédito por 2 mil 869 millones de pesos, a pagar en los próximos 24 años con dinero público, dinero de nuestros impuestos.
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