Mientras que cientos de maestros titulados no consiguen una plaza, los empleos de base son entregados de manera irregular a parientes y amigos de los dirigentes sindicales del magisterio, con la complicidad de funcionarios del sector educativo. El Comité de Lucha “Por un trato digno al Magisterio” denunció y la Contraloría apenas inició la investigación.
Sergio Haro Cordero
Sergio Haro Cordero
ZETA
“Es un verdadero cochinero”, sintetizó un maestro ascendido a una Inspección Escolar, se refiere al manoteo, el amiguismo, las transas, las irregularidades. A lo que califican como evidente amasiato gobierno-sindicato, para el otorgamiento de plazas docentes y administrativas en el sector educativo.
Situación con la que denigran y entorpecen el Acuerdo por la Modernización Educativa, que incluye la profesionalización de los maestros y autoridades educativas y que “quienes enseñen a nuestros hijos sean seleccionados adecuadamente”.
La realidad denunciada por un grupo de maestros exhibe la corrupción y la respaldan con documentos:
- Jesús Ariel Figueroa, subdirector de Planeación Educativa en el Sistema Educativo Estatal. Tramitó en junio del 2008 una doble plaza en la Inspección XXIII a su esposa Lizzete Márquez Larios, como Asesor Técnico. Conforme a los denunciantes, además se auto entregó una plaza similar, la tomó e inmediatamente tramitó una licencia.
-Gregorio Carranza, diputado y dirigente de la sección 37 del SNTE, entregó a su esposa, Clara Angelina Anguiano, adscrita a la escuela Ignacio Sánchez Campos del Ejido Islas Agrarias como Contralor y con 36 horas oficiales, una segunda plaza como Asesor Técnico Pedagógico –que suma 42 horas– y ni siquiera ha concluido la preparatoria.
-Su hermana María de Jesús Anguiano, obtuvo una plaza como Trabajadora social que suman 25 horas y se traduce en 14 mil 271 pesos mensuales. Y todavía está estudiando el bachillerato. Otro de los cuñados del diputado tiene “comisión sindical”.
“Quieren desestabilizar la vida interna del sindicato”, respondió el actual dirigente y diputado, Gregorio Carranza Hernández en alusión a los señalamientos.
En las cuentas del 2008 del Gobierno del Estado, salieron a relucir cerca de 100 casos de plazas que operan de manera irregular, con tiempos y horarios asignados que se empalman entre sí, pero no hubo mayores avances, investigaciones o sanciones.
Oficialmente, hay alrededor de 421 maestros comisionados, que no trabajan en aula, entre la sección 2, la 37.
Para el director de la Comisión para la Participación Social en Educación (COPASE) Alfredo Postlethwaite, esta pugna tiene que ver con la necesaria transparencia, la rendición de cuentas y la participación social en la educación porque: “…lustros de inercias y de intereses han creado una simbiosis atípica entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.
El Contralor del Estado Edgardo Contreras, explicó que apenas tuvo conocimiento de la denuncia sobre irregularidades: “Técnicamente tendríamos que abrir un expediente, un archivo, donde vamos a iniciar la recopilación que corresponde sobre el tema y un intercambio vía documentos con el Secretario de Educación Pública con el propósito de que nos agencie algunos datos mas. Estaríamos iniciando el procedimiento administrativo ya formal más o menos en un mes, fecha en la que tendríamos ya algunos datos más concretos”.
Aclaró que, en caso de corroborarse que las plazas fueron entregadas de manera irregular, la Contraloría del Estado podría invalidar los nombramientos.
Trascendió que Ariel Figueroa, podría ser suspendido administrativamente mientras se realiza la investigación de Contraloría. Respecto al líder sindical no hay menciones.
Además de Carranza y Figueroa, los profesores que se consideran afectados por este trafico de influencias, señalaron a Ernesto Leyva Alcaraz, a quien ubican como Secretario Particular “A” del profesor Carranza, en el portal del SNTE aparece como encargado de “Vinculación Social y Organizaciones Adherentes”.
Denunciaron que este personaje ha conseguido plaza a media docena de familiares: a su hija Leticia Leyva con 36 horas de auxiliar administrativa, a Karla Isela Rojas Leyva con 10 horas como Auxiliar en computación, Máximo Rojas Leyva, su sobrino, con siete horas de geografía en el Ejido Tecolotes, a Sonia Rojas Leyva con una plaza de primaria en Valle del Pedregal y Evelyn Leyva, su otra hija, que de una plaza de auxiliar de Intendencia con siete horas, pasó a una plaza de Prefecto.
Además, está Alberto Leyva Alcaraz, hermano de Ernesto, quien tiene una plaza en la Inspección III con un sueldo de 21 mil 248 pesos mensuales. Aunque en la copia de la nómina (fechada el 15 de abril del 2010) se anota la leyenda “esta persona no labora en esta zona, no está en plantilla”.
Y el profesor Aarón Bustos López, Coordinador Estatal de Secundarias, quien también ha tramitado plazas a una decena de sobrinos.
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