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Alargan conflicto magisterial
Alargan conflicto magisterial
Mientras que los sindicatos Estatal de Trabajadores y Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguran tener la mayor membrecía de maestros para obtener así el contrato laboral por parte del Gobierno de Baja California, éste prefirió no enfrentar a ninguna de las dos agrupaciones, al depositar ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, las Condiciones Generales de Trabajo, instancia que deberá definir quién se queda con el contrato, el SETE o el SNTE.
Cristian Torres Cruz
Tal como lo había anunciado Óscar Vega Marín, Secretario de Educación y Bienestar Social, el Gobierno del Estado se fue por la libre, depositó las Condiciones Generales de Trabajo que rigen a los trabajadores de la educación en la entidad sin tomar la opinión de los sindicatos.
Fue de manera sorpresiva cuando el 19 de agosto se realizó el trámite ante el Tribunal de Arbitraje, pero al solicitar de manera oficial la postura del Sistema Educativo Estatal la respuesta fue escueta por medio de la Coordinación de Comunicación Social. “En efecto fueron depositadas por el Licenciado José Óscar Vega Marín en su carácter de Secretario de Educación y Bienestar Social, las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. A la fecha se está a la espera del Acuerdo correspondiente”.
Fue así sin dedicatoria aparente, que las Condiciones Generales de Trabajo, que deberán regir a los trabajadores de la educación y según consta en el mismo documento, deberá ser revisado por el Sindicato mayoritarioanualmente, se depositaron, cuestión que implicaría en primera instancia definir entre los 2 existentes.
Por un lado el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) alega ser el único inscrito en el Tribunal de Arbitraje de Estado y por otro, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 37 asegura ser el que cuenta con una mayor membrecía, por lo que considera ser el mayoritario. Ambas tesis tendrían que ser definidas en el tribunal laboral, lo que seguramente alargará más este conflicto.
Historia del conflicto
Luego de la disputa por las instalaciones sindicales en las diferentes sedes del Estado, los Secretarios Generales del SETE y del SNTE, anunciaron que mantendrán las denuncias por despojo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La primera de las demandas contra Héctor Lara se dio tras ser desconocido por el SNTE como Secretario General de la Sección 37 en el año 2006, en ese entonces quedando en manos de Gregorio Carranza.
Tras el descontento por los resultados, la dirigente Nacional Elba Esther Gordillo, anunció que se realizarían auditorías a los comités seccionales, lo cual terminó con la extinción de los derechos sindicales de Lara Moreno y el ex secretario general Carlos Castro, además de una denuncia por administración fraudulenta contra los dirigentes. Lara nunca renunciaría a los edificios sindicales avalado en una carta notariada que le fue otorgada al momento de ganar la elección dentro del SNTE.
Fuera del sindicato, Lara y sus seguidores crearían el SETE, exigiendo las Condiciones Generales de Trabajo por parte del Gobierno de Baja California, situación que derivó en amparos ante la justicia federal; mientras esperaban la resolución en agosto del 2008, los dirigentes setistas fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado y confinados al Centro de Readaptación Social de Mexicali donde permanecieron hasta marzo 2009.
Luego, a finales de mayo un grupo de maestros encabezados por Gregorio Carranza irrumpieron en los edificios sindicales tomando posesión de lo que aseguraron les correspondía.
Por esta situación el grupo encabezado por Lara Moreno interpuso una denuncia por despojo hacia Carranza por lo que al momento ambos dirigentes tienen demandas mutuas, las cuales, indicaron, continuaran pese a que Gobierno del Estado donó al SETE las instalaciones sindicales para finalizar el conflicto.
Aparte en este lapso ha habido numerosos enfrentamientos, algunos hasta a golpes, entre miembros de ambos grupos sindicales.
Ambos se adjudican
En declaraciones diversas, el dirigente del SNTE sección 37, Gregorio Carranza, aseguró que las condiciones generales de trabajo se encuentran a su favor luego que el mismo Secretario de Educación y Bienestar Social les notificara.
Carranza dijo: "Esta situación despeja las dudas de a quién favorece la intersección entre gobierno y trabajadores en cuestiones de índole social y laboral de los agremiados, con lo que se salvaguardan las prestaciones de los maestros regidores por el Estado".
Si bien el fallo que se dio en septiembre de 2008 por parte del Pleno del segundo Tribunal Colegiado del quinceavo Circuito, concedió el Amparo Directo con el número 743/2008 en materia laboral, con lo que anulaba las Condiciones Generales de Trabajo interpuesta en el 2006, esto se debió a una situación de forma y no de fondo, ya que fueron firmadas por el Gobernador en turno –Eugenio Elorduy Walther– en lugar del Secretario de Educación José Gabriel Posada Gallego.
Pero también el Dirigente del SETE, Héctor Lara Moreno, asegura que las Condiciones Generales de Trabajo deberán forzosamente recaer en el sindicato que representa. Se dice consciente de las implicaciones que significa que se hayan firmado sin avalar a una agrupación y entiende que se tendrán que disputar en los Tribunales la titularidad de la representación gremial.
“Son las únicas que han existido hasta este momento”, aseguró Lara al hacer un recuento de que en 2006 fueron inválidas por el amparo que interpusieron pero, recalcó la manera en que fueron depositadas en esta ocasión.
“Fueron depositadas de manera unilateral, sin el visto bueno de conformidad con el Sindicato correspondiente que para nosotros debe ser el SETE y lo hace de una forma en que se pretende que sean para los trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación y Bienestar Social”.
Indicó que en lo particular el SETE no fue consultado, pero afirma que las Condiciones Generales de Trabajo tampoco están hechas a la medida del SNTE ya que esto nunca aparece en el documento, por lo que calificó como salomónica la forma en que fueron entregadas.
Indicó Lara que este nuevo documento le da las mismas obligaciones y derechos a los miembros del SETE que del SNTE, por lo que derechos que eran negados por su afiliación ahora tendrán que ser reconocidos.
“Si le hubieran querido dar a Gregorio Carranza o al SNTE la titularidad se hubieran firmado las Condiciones como estaban, esto no era de forma como decían de cambiar una firma y poner otra, si hubiera sido de forma hubieran hecho las Condiciones Generales de Trabajo igual a las anteriores”. Ante lo cual el SETE analizará las acciones legales que prosiguen, aunque según su punto de vista, esta acción enfrenta nuevamente a los dos gremios.
“Está esperando que nos demos el agarre de carácter jurídico en los tribunales para que ellos le digan ‘es el sindicato fulano de tal’, porque no se atreve a tomar la decisión que jurídicamente le corresponde”, dice en referencia al Gobierno del Estado.
Actuación dolosa: especialista
Para el abogado laboral Mario Cervantes Esquer, el Gobierno del Estado a través del Secretario de Educación y bienestar Social Óscar Vega Marín, está cayendo en una irregularidad ya que las Condiciones de Trabajo según el Artículo 76 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores de Baja California, indica que se fijarán por el titular de la dependencia tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente.
Pero va más allá: El Gobierno del Estado debió según la misma Ley, tomar en cuenta la opinión del SETE debido a que éste es el único que se encuentra registrado en el Tribunal de Arbitraje del Estado, y mencionó que nunca habían existido Condiciones Generales de Trabajo antes del 2006, aunque también éstas fueron anuladas.
Dijo que forzosamente se tiene que reconocer a un Sindicato aunque fuera el SNTE por su mayoría, pese a que no cuente con un padrón estatal; o al SETE.
“¿Qué va a pasar? Que van a tener que volver a pelear. ¿Quién gana con esto? La autoridad pública”, aseguró que cualquier beneficio que obtenga un sindicato deberá ser aplicado a los miembros del otro.
“Yo creo que no es válido porque la Ley debe aplicarse en forma clara y aquí dice que se realizará tomando la opinión del sindicato correspondiente”, haciendo referencia a la ley del Servicio Civil de los Trabajadores del Estado.
“La autoridad está actuando de forma dolosa, depositando las condiciones sin apego al Artículo 76. Puede depositarlos pero la validez jurídica está cuestionable”, aseguró el abogado especializado en asuntos laborales.
“La autoridad está actuando de forma dolosa, depositando las condiciones sin apego al Artículo 76. Puede depositarlos pero la validez jurídica está cuestionable”, aseguró el abogado especializado en asuntos laborales.
Dijo que al final será el Sindicato que tenga mayor número el que deba tener las Condiciones Generales de Trabajo, pero esto se tendrá que demostrar en los Tribunales.
Pero también opina que la Ley del Servicio Civil no es tan clara para definir esta situación –ya que “es muy light”– por lo que tendría que apoyarse en la Ley Federal del Trabajo.
Por último finaliza la entrevista al cuestionarle sobre cuál de los 2 sindicatos se reconoce y sintetiza:
“Ahorita no está reconociendo a ninguno”.
